La Plataforma por el Uso Libre de la Banda Ciudadana ha trasladado formalmente sus reivindicaciones a un representante de la administración central. Portavoces de este colectivo han entregado al vocal asesor de la Dirección General de Telecomuniciones, Carlos Carrascal, el documento de las peticiones de los cebeístas que están apostando en España por una CB exenta de licencia. En el transcurso de una reunión en la sede de la SETSI en Madrid, celebrada el pasado viernes 20 de junio de 2008 y que se prolongó por espacio de una hora, Juan Carrasco y Jose María Yagüe entregaron y explicaron al representante de la administración cada una de las peticiones formuladas por la Plataforma. Carrascal aseguró que dichas peticiones serían tomadas en cuenta por la administración para próximas revisiones de la legislación sobre CB. Sin duda, la Plataforma entiende que el elevado número de firmas que se están recogiendo y las adhesiones a la misma por entidades y asociaciones de cebeístas y otras muchas con usuarios de CB entre sus miembros pesan en la decisión de tomar en cuenta estas peticiones. Carrasco y Yagüe expusieron al vocal asesor de Telecomunicaciones que la mayoría de las peticiones de la Plataforma, como el aumento de canales, las potencias utilizadas, el uso de comunicaciones digitales y por internet, así como la necesaria interlocución de las asociaciones, son producto de la realidad que vive la CB en la actualidad. Mención especial merece la petición de supresión de la autorizacion administrativa para operar en Banda Ciudadana CB27, para equipararnos al resto de Europa y el mundo. En este sentido, se aportaron legislaciones de otros países europeos que contemplan el uso de la CB sin necesidad de autorización o licencia, demostrando que esas normativas están siendo beneficiosas para el conjunto de los cebeístas, como lo demuestra la actividad y popularidad de este medio de comunicación en esos países. Por ello, se pidió «la supresión de la autorización administrativa para operar una estación de CB y la correspondiente desaparición de la tasa de tramitación de autorización de uso especial del dominio público radioeléctrico«, al entenderse que dicha norma impide el fácil acceso a la CB y no supone ninguna merma a la Admninistración. Igualmente, «el reconocimiento del uso de la CB como un derecho de todo ciudadano a las comunicaciones personales por radio» quedó claro como un deseo de perpetuar un derecho ciudadano. Se hizo ver la necesidad de «reconocer el derecho a la instalación adecuada de los elementos radiantes de las estaciones de CB, dado que los mismos son parte inseparable e indispensable para el correcto funcionamiento de las mismas y dada la utilidad pública de una estación de Banda Ciudadana«. En este sentido se analizaron los actuales problemas que los radioaficionados y cebeístas tienen en algunos puntos de la geografía española para la instalación de elementos radiantes. En el caso de la CB, al ser las instalaciones de antenas más sencillas que las de los radioaficionados, debería ser más asequible su autorización. Se pidió de igual modo «la introducción de las modificaciones necesarias en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) para extender el uso de la CB a 120 canales comprendidos éstos entre 26.510 KHz y 27.860 KHz«. Ello responde a una realidad incuestionable, pues el segmento de frecuencia por encima de 27.405 KHz es utilizado internacionalmente desde hace décadas para las comunicaciones a larga distancia o DX, mientras que el segmento por debajo de 26.965 KHz está autorizado ya en algunos países de Europa para comunicaciones digitales y la implantación de radioenlaces a través de redes telemáticas e internet. Se dejó claro que «no se podrá mantener comunicación ordinaria en la frecuencia de 27.065 KHz (canal 9) y se establecerá la misma para realizar llamada y permanecer a la escucha, asegurando así tambien su utilidad como canal destinado al tráfico de comunicaciones de socorro y emergencia«. Con ello se pretende que el canal 9 se convierta en un símil del canal 16 de la VHF marina, donde todos están a la escucha y se utiliza para llamada y socorro, dejando el resto de canales para el resto de comunicaciones. Otro de los puntos puesto sobre la mesa fue «que se garantice en el tiempo el uso de la Banda Ciudadana dentro del espectro radioeléctrico atribuído a la misma«, ello debido a la inquietud de algunos colectivos en la posible asignación de la banda para otros fines. Se solicitó también «fijar en 4 vatios la potencia máxima de emisión en los modos AM y FM y en 12 vatios p.c.e. en los modos SSB para las estaciones fijas y 25 vatios para los modos AM y FM y 50 vatios p.c.e. en los modos SSB en estaciones móviles». La constatación por parte de la Administración de que las actuales potencias autorizadas de 4 vatios en AM y FM y 12 vatios p.c.e. en SSB no están causando ninguna interferencia son una razón de peso de esta petición, a la que se le suma un aumento de potencia en las estaciones móviles con el objetivo de mejorar su alcance. Quedó igualmente claro «que el resto de características técnicas de los aparatos necesarios para la puesta en marcha de una estación de Banda Ciudadana cumplan y se sometan a las homologaciones exigidas por la Ley«. Para la Plataforma es fundamental que «se permita la transmisión de voz y datos en Banda Ciudadana por medio de sistemas digitales y autorizar la conexión de las estaciones de Banda Ciudadana a otras instalaciones de telecomunicaciones, redes telemáticas o internet, pudiéndose crear una tabla de asignación de canales para este tipo de operaciones«, tal y como otros países europeos ya tienen aprobado y puesto en funcionamiento. Se entiende por la Plataforma que «en las zonas donde, por razones de orografía o condiciones especiales del entorno, las comunicaciones por radio en CB se vean restringidas, las asociaciones de usuarios de la Banda Ciudadana podrán solicitar autorización especial para la instalación de estaciones repetidoras colectivas«. Se reconoce también que «los usuarios